· Reconoce la Asociación que el resultado final del proceso legislativo para materializar la reforma del sector garantiza la sana competencia; promueve un Internet libre: fortalece al IFT y permite un ecosistema que impulsa el desarrollo social y el crecimiento de la economía digital en México.
· No obstante, la AMIPCI considera que hay áreas de mejora que podrán abordarse en el futuro, a partir de las experiencias que se recojan de este primer resultado. Entre ellas, la eliminación del IEPS a las telecomunicaciones y la optimización de las regulaciones en materia de seguridad de las comunicaciones y persecución del delito en Internet.
· Sugiere la Asociación tener cuidado que en la aplicación de la nueva ley las autoridades respeten el debido proceso y los derechos fundamentales de los usuarios, y urgió a crear una regulación específica sobre la protección de datos en posesión de las autoridades.
México, D.F., a 15 de julio de 2014. Luego del anuncio de la promulgación de la legislación secundaria de telecomunicaciones, el Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Internet A.C. (AMIPCI) expresó su beneplácito por el resultado final de la reforma del sector. Al manifestar su posición repecto del Internet en la nueva ley, AMIPCI resumió su análisis en los siguientes puntos:
· La legislación refrenda la obligación del Estado a garantizar el derecho al acceso a Internet y a la banda ancha, haciendo énfasis en los sectores más vulnerables, lo que significa un gran beneficio para los usuarios y debe servir para acelerar las tendencias de crecimiento en el número de usuarios de Internet en México, lo que hace prever un impacto importante en la reducción de la brecha digital durante los próximos años.
· La regulación mínima al Internet beneficiará a la industria y a la ciudadanía; fomentando servicios eficientes en educación, salud, seguridad ciudadana y gobierno digital, e impulsará decididamente el desarrollo de una economía digital fuerte.
· Destaca que las reformas protegen y amplían los derechos de los usuarios, garantizan la libertad a la información, y la confidencialidad y privacidad de las comunicaciones, manteniendo un equilibrio entre esos derechos y la cooperación con la justicia. Esta decisión favorecerá el desarrollo de un Internet libre, que sea verdaderamente una herramienta para el crecimiento económico y social del país, de los ciudadanos y las empresas.
· La definición de que los operadores no puedan filtrar, degradar, restringir o discriminar el acceso a los servicios, asegura el acceso libre a la información y representa, una vez más, un beneficio para los usuarios.
· En materia de persecución del delito y cooperación con la justicia, AMIPCI se complace que sea sólo mediante orden judicial federal que puedan ser intervenidas las comunicaciones.
· Garantiza la neutralidad de la red, lo que promoverá la innovación y el desarrollo de nuevos modelos de negocios en la red.
· AMIPCI considera que las atribuciones conferidas al Instituto Federal de Telecomunicaciones lo convierten en un árbitro fuerte y equilibrado.
· La Asociación reconoce como positiva la creación de un área específica en la Procuraduría Federal del Consumidor, que atienda las quejas y dudas de los usuarios de las redes de telecomunicaciones.
· En general, AMIPCI saluda que la legislación secundaria impulse la competencia, permita la creación de operadores móviles virtuales, la comercialización por terceros de la desagregación de la última milla y la construcción de la red troncal y una red inalámbrica mayorista.
Sin embargo, la Asociación Mexicana de Internet considera que hay algunas áreas de mejora que podrán abordarse posteriormente, bajo las experiencias de este primer resultado. Entre éstas áreas están las siguientes:
· Regular a la brevedad la debida protección de datos personales en posesión de las autoridades, a través de la emisión de disposiciones que garanticen los principios de licitud, proporcionalidad y seguridad.
· Mejorar las disposiciones sobre privacidad de las comunicaciones y la intervención de la red, para garantizar que dichas intervenciones se harán acreditando, caso por caso, la necesidad de conocer la información al amparo de una investigación concreta, de manera proporcional y con la debida confidencialidad. La industria manifiesta su disposición de participar en la mejora de estas reglamentaciones, recuperando las primeras experiencias en el futuro inmediato.
· Considerar la invalidez de la retención de datos de los usuarios de Internet. Lo anterior de acuerdo a las mejores prácticas internacionales recogidas en los informes del Relator Especial de la ONU, ya que estas disposiciones resultan incompatibles con el derecho a la privacidad y la libertad de expresión.
· Reducir la obligación para los operadores de conservar los datos de las comunicaciones durante 24 meses y de dar respuesta en menos de 24 horas a los requerimientos informativos de la autoridad. Estas condiciones incrementan los costos, situación que impactará directamente en las tarifas.
· Eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a las telecomunicaciones, por ser un factor de encarecimiento de los servicios que desestimula la adopción de internet entre los sectores más desprotegidos.
· Respetar de manera irrestricta de la observancia del debido proceso en todas las intervenciones de comunicaciones por parte de las autoridades, para la debida impartición de justicia, así como respetar la privacidad y confidencialidad de las comunicaciones de los usuarios.
· Imponer tasa cero de IVA para los dispositivos móviles que se conecten a Internet, como una medida que apoyará la adopción de las nuevas tecnologías por parte de micro y pequeñas empresas, emprendedores y estudiantes en actividades productivas.
AMIPCI destaca que dada la complejidad de temas y diversidad de actores involucrados en materia de telecomunicaciones, la emisión de marcos regulatorios debe permanecer abierto a la mejora continua. Lo anterior, bajo un ejercicio democrático, en el que se verifique de manera permanente, como ocurrió, un debate abierto y plural, contando con la participación y expresión de todas las posiciones de la industria, la academia y la sociedad civil.